El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cuestionó este martes las declaraciones del presidente Luis Abinader sobre el manejo de la deuda pública durante su administración, argumentando que sus afirmaciones “carecen de sustento” en los informes oficiales de la Dirección General de Crédito Público (DGCP) y el Banco Central.
Mediante un comunicado, la organización política respondió a la aseveración presidencial de que el 80% del endeudamiento contratado por su gobierno se ha destinado a pagar deudas de administraciones anteriores. El PLD sostuvo que “el dato citado por el presidente no figura en ningún documento público” de las instituciones responsables de las estadísticas financieras.
Desglose del uso de la deuda
Según el partido, los informes de la DGCP sobre el Sector Público No Financiero (SPNF) entre 2021 y 2024 muestran que el uso de los fondos obtenidos mediante endeudamiento ha tenido una composición “prácticamente equitativa” entre el financiamiento del déficit fiscal y el pago de deuda previa.
El PLD explicó que una parte significativa de los nuevos créditos se ha utilizado para cubrir déficits fiscales, es decir, para gasto corriente y apoyo presupuestario, desmintiendo la narrativa de que su uso ha sido mayoritariamente para amortizar deudas heredadas.
Defensa de la práctica de refinanciamiento
La nota también defendió la práctica de contratar nueva deuda para atender vencimientos existentes —conocida como roll over—, describiéndola como “una práctica normal y responsable” en la gestión de deuda pública a nivel internacional, utilizada incluso por países de la OCDE.
“Atribuir este mecanismo a una ‘herencia’ del pasado carece de fundamento técnico y distorsiona una práctica universal de gestión prudente de la deuda pública”, argumentó la organización.
Conclusión y llamado al rigor
Como contrapunto, el PLD recordó que durante sus administraciones también asumió la deuda dejada por el gobierno del entonces PRD, actualmente PRM, en el complejo contexto de la crisis bancaria de 2003.
El partido concluyó instando a que la rendición de cuentas sobre la deuda se realice “con rigor y responsabilidad”, reconociendo que cada gobierno hereda compromisos, pero también tiene la obligación de gestionarlos con transparencia y eficiencia para mantener la confianza de la ciudadanía y los mercados en la estabilidad del país.
